La creación de un sandbox financiero en nuestro país es una cuestión que el sector llevaba reclamando desde hacía tiempo y que ha visto la luz el 4 de noviembre de 2020 cuando la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado aprobó de forma definitiva la Ley para la Transformación Digital del sector financiero y que incluye, como medida principal la creación de este banco de pruebas, o sandbox.

Qué es y para qué sirve?

El nombre con el que se conoce a este banco de pruebas es una representación muy gráfica de lo que realmente es un sandbox regulatorio. El término anglosajón sandbox se refiere al cajón de arena donde juegan los niños en el parque. Se trata de un lugar donde pueden experimentar libremente y sin romper nada fuera de ese espacio. Además, es un lugar del que no pueden salir, donde están vigilados y seguros. Es decir, un entorno donde pueden desarrollarse sin riesgos. Y algún día, cuando ya sean mayores, saldrán del cajón y pondrán en práctica todo lo que han aprendido.

La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) define el sandbox regulatorio como “el conjunto de disposiciones que amparan la realización controlada y delimitada de pruebas dentro de un proyecto que puede aportar una innovación financiera de base tecnológica, definida como aquella que pueda dar lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con incidencia sobre los mercados financieros, la prestación de servicios financieros y complementarios o el desempeño de las funciones públicas en el ámbito financiero”.

Así pues, este concepto de sandbox debe entenderse como un espacio acotado donde las entidades financieras y las fintech pueden probar productos o servicios innovadores para los que no existe todavía un marco legal.  Dicho de otro modo, el sandbox permite la experimentación con nuevos proyectos de tecnología financiera que no cuentan con una regulación aplicable y de manera supervisada por las autoridades regulatorias.

¿Y por qué establecer estas excepciones? Para entenderlo, hay que tener en cuenta que la industria financiera es uno de los sectores más regulados. Esta es una condición indispensable para proteger a los clientes y para garantizar la integridad del sistema financiero. Por ello el sandbox es una herramienta clave para los reguladores y supervisores, que les permite entender de antemano y de manera clara las características de los proyectos de innovación tecnológica y facilitar así la adecuación del marco legal. De esta manera, cuando los productos y servicios testeados en el sandbox se lancen al mercado, lo harán con todas las garantías legales para los usuarios y para las entidades y las compañías que los hayan desarrollado. Además, el sandbox favorece también la aceleración del proceso de innovación en el sector financiero en la medida que permite a los participantes testear proyectos reales, de manera supervisada, sin tener que esperar al encaje del marco regulatorio con la innovación.

¿Cómo se articula?

La premisa inicial es la creación de un espacio seguro para todos los participantes y sin riesgo para el conjunto del sistema financiero. Es decir, un entorno controlado siempre bajo el seguimiento de los supervisores. No se trata de desregular o establecer un marco legal más laxo, sino crear un espacio vigilado.

Puede acceder al sandbox regulatorio cualquier tipo de organización, que ofrezca productos en el ámbito de la tecnología financiera, como entidades bancarias, startups tecnológicas o centros de investigación.

Los proyectos que aspiren a entrar en el sandbox deberán cumplir tres requisitos:

• Ser un proyecto innovador aplicable en el sistema Financiero.
• Contar con un grado de avance suficiente, de forma que no se presente una simple idea.
• Aportar valor añadido, es decir  mejorar la calidad de los productos o servicios financieros, incrementar la protección de los usuarios, aumentar la eficiencia de los mercados o proporcionar mecanismos que mejoren la regulación o supervisión.

El Ministerio de Asuntos Sociales y Transformación Digital realizará dos convocatorias anuales para que las organizaciones presenten sus proyectos. En la primera, realizada a principios de este año, se han recibido un total de 67 solicitudes. Una cifra, según el Ministerio, similar a la de otras iniciativas europeas de este tipo.

Las solicitudes se han remitido a las autoridades regulatorias, -Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores o Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones- para su valoración. 

Una vez emitidas las valoraciones, a los proyectos aceptados se les asignarán supervisores del organismo regulador correspondiente, que controlarán en qué se está trabajando y cómo se está haciendo. Además, los supervisores y la organización promotora del proyecto elaborarán un protocolo específico sobre el desarrollo de las pruebas, precisando los detalles de estas y acotando su duración y alcance. A partir de entonces, arrancarán las pruebas.

Esta relación tan estrecha entre el regulador y los proyectos tiene dos ventajas. Por un lado, evitará que se produzcan efectos indeseados y, por otro, permitirá a las partes tener visibilidad sobre lo que se está haciendo. De hecho, el supervisor puede interrumpir las pruebas en caso de mala práctica o incumplimiento de la legislación o del protocolo. Por otra parte, al conocer de primera mano estas pruebas, el regulador podrá agilizar los trámites para facilitar negocios similares al que está siendo testado. En el sentido opuesto, si no lo ve viable, puede descartarlo.

El sandbox también establecerá una serie de cautelas para proteger a los clientes que participen en las pruebas. En primer lugar, para formar parte de la prueba será imprescindible que el responsable del proyecto recabe consentimiento informado, respete la protección de datos del cliente y asegure la confidencialidad. Además, las personas que participen en las pruebas tendrán derecho a desistir del contrato en todo momento. Y, en caso de daños y perjuicios patrimoniales como consecuencia directa de la realización de pruebas, la responsabilidad será del promotor del proyecto.

Objetivo: agilizar la puesta en el mercado

Otro aspecto relevante es el régimen de salida del sandbox. Hay que destacar que la entrada de un proyecto en este espacio no supone la obtención directa de la licencia para operar o para prestar servicios. Antes de abandonar el banco de pruebas, la empresa promotora tendrá que realizar un examen de resultados y presentar una memoria a los supervisores que hayan seguido los tests.

Tras esta revisión, si se estima oportuno, se abrirá una pasarela de acceso a la actividad, que conlleva una reducción sustancial de los trámites y los plazos del procedimiento. De este modo, proyectos que actualmente tienen que esperar hasta algunos años de trámites podrán llegar al mercado mucho más rápido, pero sin descuidar la seguridad para los clientes.

Así pues, el sandbox pretende ser una solución para agilizar la llegada al mercado de nuevos proyectos de tecnología financiera, sin que la estricta regulación constriña la capacidad innovadora y detenga el desarrollo del producto o servicio. Eso sí, supervisando directamente lo qué se está haciendo y protegiendo los derechos de los consumidores.

Aunque no es el primer sandbox en Europa, los expertos indican que es uno de los más ambiciosos y completos del mundo. Sin lugar a duda, un marco como este favorecerá la innovación y la competencia, y como ha ocurrido en la primera convocatoria, la atracción de compañías internacionales de referencia que elegirán nuestro país para lanzar sus propuestas. Además, España se podrá beneficiar de su posición como puente entre Iberoamérica y Europa.

“El sandbox es fundamental para la realización de pruebas de productos y servicios tecnológicos para el sector financiero”, asegura Alicia Gómez del Pulgar Rodríguez, Responsable Jurídica de Asuntos Digitales de Cecabank y experta en derecho digital. “Hasta ahora, la carencia de garantías jurídicas para la realización de este tipo de proyectos impedía que recibieran inversiones. Y esto es algo que, previsiblemente, dejará de ocurrir. Ahora los proyectos que surjan de este entorno contarán con un marco legal que permitirá su puesta en marcha con total seguridad jurídica”, confirma Gómez del Pulgar.